Fecha: 03/10/2018 Categoría: Sistemas Operativos
El Gobierno propone modificar la ley para cerrar webs sin ninguna autorización judicial
La decisión quedaría por tanto al completo en manos de la comisión Sinde, de un organismo ejecutivo, y no judicial. El Gobierno está entrando como un rodillo en temas de propiedad intelectual en internet aprovechando que el ambiente que había de oposición a estas medidas se ha debilitado. "Es volver a 2011", explica el abogado especializado en propiedad intelectual , quien ha alertado en internet de la publicación de la enmienda en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).
Tal y como señala el jurista, el texto actual de la Ley de Propiedad Intelectual, como 'ley Sinde', especifica que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación correspondiente exigirá de la previa autorización judicial". La enmienda que ahora propone el Gobierno introduce el siguiente cambio: "la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122bis".
Con esta medida quieren agilizar los tiempos. Y precisamente el obstáculo que les parece un lujo innecesario es el juez y el pequeño papel de maquillaje que desempeñaba en el procedimiento hasta ahora. Desde el Ministerio de Cultura aseguran que la enmienda "no propone la supresión de la Autorización judicial previa de Ley Sinde.
El requisito de la autorización judicial previa en el procedimiento de salvaguarda (restablecimiento de la legalidad-Ley Sinde) no se toca en esta propuesta. La enmienda afecta únicamente al procedimiento sancionador de la Ley de Propiedad Intelectual y tiene únicamente carácter técnico.
La sanción que impone "el cese de actividad de una página web" (ya prevista en la Ley de Propiedad Intelectual) sólo se puede adoptar en caso de reiteración de conductas ilícitas (tras concluir varios procedimientos administrativos contra una misma web). Es decir, solo en caso de reiteración de incumplimiento es cuando los grupos parlamentarios están de acuerdo en que se pueda suprimir la segunda autorización ya que este trámite es innecesario y retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva", explica un portavoz de Cultura.
Quien considera que esta reforma sirve para cerrar webs sin autorización judicial es que no se lo ha leído, ni conoce la LPI y las garantías que establece. Eso o que únicamente busca dar una visión demagógica que no se corresponde con la realidad existente. No existe posibilidad alguna, ni actualmente ni con la reforma propuesta, de vulneración de los derechos fundamentales. Los filtros y garantías son tan elevadas (varios procedimientos de restablecimiento de la legalidad, un procedimiento sancionador y el consiguiente control judicial) que es imposible que se produzca el cierre de una web en el que se pueda ver afectado algún derecho fundamental.
Pese a lo dicho por Cultura, su propuesta es clara y dice que se prescindirá del juez en los casos en los que se incumpla reiteradamente un requerimiento de retirada de contenidos declarados infractores por esa misma comisión. Por eso, cuando dicen que ven adecuado prescindir del juez "en esta segunda autorización" dan a entender que ya se ha producido una primera en ese proceso cuando en realidad deberían decir más concretamente que no ven necesaria autorización en ese segundo supuesto (reiteración en una infracción declarada por ellos mismos), pese a que obviamente sigue siendo necesario".
La enmienda tendrá que ser aprobada en los próximos meses en el Congreso, luego tendrá que ir al Senado y de vuelta al Congreso para su aprobación final, pero todo parece que la propuesta acabará entrando finalmente en vigor.